PUBLICO. ES
El Gobierno da el visto bueno a una reforma educativa centralista.
El Estado quita peso a las comunidades en la
elaboración de los temarios para "reducir la dispersión de los
contenidos" y eliminar "diferencias en el rendimiento educativo entre
comunidades"
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley
de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se trata de la séptima Ley Orgánica de la democracia, con la que el Gobierno pretende
"reducir la tasa de abandono escolar (26,5%), que dobla la media europea,
y mejorar los resultados en las evaluaciones internacionales", ha afirmado
el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Para lograr estos objetivos, el Gobierno ve necesario redistribuir
el poder de decisión en la elaboración de los currículos. A partir de ahora, el Estado tendrá la última palabra sobre los
temarios en un 75% en el caso de las comunidades sin lengua cooficial y en un
65% en las regiones que sí la tengan. Hasta hoy, el Estado decidía el 55% de
los contenidos en las comunidades sin lengua oficial y un 65% en las que sí la
tienen. Wert ha insistido en que el objetivo de este cambio es "reducir la
dispersión de los contenidos" y eliminar "diferencias en el
rendimiento educativo entre las diferentes comunidades". A preguntas de
los periodistas, sin embargo, ha negado que se trate de una
"recentralización de la educación".
El ministro ha afirmado que con esta reforma el Gobierno trata de que
los alumnos españoles puedan competir "con el chico o la chica que está
estudiando en Singapur, Estados Unidos o Letonia". "No es una reforma
ideológica", ha añadido.
Esta redistribución que prepara el Gobierno pasa por aumentar
la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales -Matemáticas, Lengua e
Inglés-; y eliminar de Primaria la asignatura de Conocimiento del Medio, que se
desdobla en Ciencias Naturales y Ciencia Sociales. Se elimina también Educación
para la Ciudadanía en esta etapa.
El Gobierno adelanta a 3º de ESO los itinerarios
hacia la FP y el Bachillerato
Entre los principales ejes de la reforma educativa se sitúan las evaluaciones
a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de
Primaria para la "detección precoz de problemas de aprendizaje" en
los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener
el título y, en concreto, el "segundo sustituirá a la actual Selectividad.
A partir de la prueba al final de la ESO se podrá establecer con total
transparencia una función de comparación entre centros y comunidades", ha señalado.
Wert ha explicado que la evaluacion externa había desparecido en todas
las fases del sistema: "Actualmente el sistema permite una escasísima
evaluación y hay dificultades para medir el avance y el retroceso de los
estudiantes, ha criticado Wert, que ha señalado que, según estudios
internacionales, "las pruebas externas pueden aumentar el rendimiento
educativo entre 30 y 40 puntos, equivalentes a medio curso escolar".
El Gobierno también adelanta
a 3º de la ESO los itinerarios hacia la FP y
el Bachillerato, a través de asignaturas
optativas, mientras que estas dos vías estarán completamente diferenciadas en
4º de la ESO. Se crea una Formación Profesional Básica, de dos años de
duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Se introducen
asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y se
facilita el paso hacia la FP de grado superior.
El anteproyecto también abre la puerta a las comunidades autónomas para
otorgar conciertos a los colegios de educación diferenciada por sexos; da mayor autonomía a los centros para implantar sus propios métodos
pedagógicos; y los directores requerirán un certificado que acredite que han
superado un curso sobre función directiva.
El ministro ha cifrado en unos 300 millones de euros el coste base de la reforma
educativa. El titular de Educación ha diferenciado el coste de implantación y
el coste de consolidación de la reforma, y ha observado que será más cara
cuanto mayor sea el éxito de la misma, ya que si se consigue reducir el
abandono y el fracaso escolar el número de alumnos en las aulas será mayor.
Wert ha observado además que el coste definitivo dependerá de factores
demográficos, en relación al movimiento natural de la población, y de otros
"con un cierto contenido de incertidumbre", que tienen que ver con el
flujo migratorio. "Se trata de una reforma neutra en sí misma en cuanto a su
implantación desde el punto de vista económico, y que exigirá más inversión
cuanto mayor sea su éxito", ha concluido Wert.
Análisis de las dimensiones.
Actualmente, en el ámbito de la Educación, el tema
más candente es la nueva reforma que proximamente se llevará a cabo.
Se trata de la séptima Ley Orgánica de la Democracia
basada en la redistribución del poder de
decisión en la elaboración de currículos, el aumento de carga lectiva en las
asignaturas instrumentales, evaluación a nivel estatal al final de Primaria,
ESO y Bachillerato, adelantamiento de los itinerarios hacia FP o Bachillerato a
3º de ESO…
La dimensión social aparece reflejada en el momento
en que se habla de las materias de la educación que ponen en contacto a la
escuela con los intereses de la sociedad. También podemos relacionar el
contenido de esta noticia con el área de recuperación e inserción a la que
alude el profesor Colom, ya que se da mucha importancia a la Formación Profesional como medio de
acceso al mundo laboral para los alumnos.
Relacionado con la dimensión moral, encontramos la
referencia a la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía
que tanta polémica ha traído en estos últimos años en lo que a moralidad se
refiere.
En cuanto a la dimensión económica, se hacen
alusiones a los 300 millones de euros que costará la reforma educativa, a los
conciertos que se otorgan a los colegios de educación diferenciada por sexos y
a la mayor inversión que supondrá esta reforma cuanto más éxito tenga.
La dimensión
política aparece latente en toda la noticia, ya que se trata de una reforma
educativa que quiere hacer el partido que actualmente gobierna en España,
porque el compromiso del Estado con la escolarización, según esta dimensión, se
convierte en una importante preocupación política en una sociedad justa y
democrática.
